Abel Losada destaca que delincuencia bajó el año pasado un 3,2% en el ámbito de la Guardia Civil en la provincia y un 0,5% en el de la Policía Nacional
30/01/2024
Continúa la tendencia descendente en los delitos relacionados con Internet
A provincia registró un total de 25 personas fallecidas en accidentes de tráfico, con un preocupante incremento de las víctimas entre los motoristas
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó hoy las buenas cifras de la provincia en materia de seguridad tras estudiar los datos de infracciones penitenciarias de la provincia correspondientes al cierre del año 2023 expuestos en la Xunta Provincial de Seguridad, que se celebró en la sede de la Subdelegación del Gobierno. El número de infracciones inscritas descendió un 3,22% en la demarcación de la Guardia Civil y en un 0,51% en el de la Policía Nacional. El subdelegado, que presidió su primera Junta Provincial de Seguridad trala su toma de posesión subrayó que hace falta tomar los datos con “mucha prudencia” tanto cuando son “moderadamente positivos”, como sucede ahora, como cuando sean negativos.
Losada felicitó por su trabajo a lo largo del año a los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Pontevedra, como son el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Simón Venzal; el jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, Juan José Díaz; el comisario jefe de la Comisaría de Vigo-Redondela, Ramiro Gómez, y el responsable provincial de la Guardia Civil de Tráfico, el capitán Antonio Pérez Piteira.
El subdelegado recalcó tras analizar los datos en la Xunta Provincial que la provincia de Pontevedra es segura y así lo vuelven a demostrar las estadísticas anuales y la comparación con las medias en España. La este respeto destacó que la tasa de criminalidad es de 30,28 delitos por cada mil habitantes, muy por debajo de la media española, que está en un 36,9 por mil habitantes.
Además se puso de releve el papel preponderante de la ciberdelincuencia, fundamentalmente estafas, si bien con un comportamiento irregular en la provincia, pues mientras que descendió en el territorio rural se incrementó en el urbano a lo largo del pasado año. Aun así el porcentaje de ciberdelitos quedó el año pasado en un 23%, muy por debajo del 30% que llegó a alcanzar en 2019, cuando casi uno de cada tres delitos estaba relacionado con engaños y estafas a través de internet.
Se trata de un tipo de delitos especialmente difíciles de investigar y de esclarecer por sus conexiones internacionales y por la escasa cooperación internacional de los países en los que se asientan este tipo de redes. Además, se detectó que hay una migración” progresiva de las mafias dedicadas al tráfico de drogas la este tipo de actividad delictiva, dado que resulta altamente rentable. Abel Losada relacionó el combate contra la ciberdelincuencia con la nueva Ley de Ciberseguridad anunciada ayer mismo por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que será un nuevo avance para mejorar la respuesta delante de los ataques a las empresas y a las personas. La futura tetilla legal también prevé que el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) continúe formando especialistas en este campo, entre ellos a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En el balance anual de la Guardia Civil se constata, en general un pequeño incremento de los delitos leves mientras se reducen los graves como los robos con fuerza, que bajan de manera importante, entre ellos los robos en viviendas. Finalmente, se comprobó una mejora en el trabajo policial de la Guardia Civil con la mejora de los porcentajes de esclarecimiento de las infracciones penitenciarias investigadas y el incremento en el número de personas detenidas.
La Policía Nacional constató una mejora en los índices de esclarecimiento, así como del número de personas detenidas y subrayó especialmente la reducción en los delitos contra las personas, especialmente los de lesiones graves. No obstante, mostró su preocupación por el progresivo incremento anual del impacto del ocio nocturno, después de la pandemia, sobre determinado tipo de delitos tanto contra la propiedad como las personas.