La Delegación del Gobierno en Galicia pone en marcha una campaña informativa para dar a conocer las medidas del plan destinado a combatir el empleo sumergido
06/06/2011
- Las Subdelegaciones del Gobierno de las cuatro provincias están llevando a cabo reuniones para difundir entre los colectivos de empresarios y profesionales las medidas aprobadas
- Hasta el 31 de julio de este año, los empresarios que ocupen trabajadores de forma irregular podrán regularizar su situación solicitando su alta en la Seguridad Social en el Régimen correspondiente sin recibir sanciones
- A partir del 1 de agosto las sanciones se incrementarán notablemente
- Asimismo habrá un plan especial de inspecciones contra el fraude en este aspecto
- El delegado del Gobierno destaca que este plan extraordinario tiene por objeto luchar contra los efectos negativos para el mercado que conlleva el empleo no declarado y por la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de las empresas que actúan en el marco de la legalidad
El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del 29 de abril, el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido y Fomento de la Rehabilitación de Vivienda. Para dar a conocer entre la ciudadanía, y en especial entre los colectivos y agentes sobre los que tienen incidencia directa las medidas destinadas a combatir el empleo sumergido, la Delegación del Gobierno en Galicia ha puesto en marcha una campaña informativa que se extiende a toda la comunidad autónoma. El delegado del Gobierno, Miguel Cortizo, explicó que son las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia las que se encargan de coordinar y organizar las acciones incluidas en esta iniciativa.
La campaña constituye un aviso y también una llamada a la responsabilidad de todos frente a un fraude que genera enormes perjuicios al país.
La campaña comprende la realización de reuniones informativas con colectivos de empresarios, cámaras de comercio, colegios de economistas y gestores, entre otros muchos. Algunos de estos encuentros ya se han llevado a cabo. Además de en las capitales de provincia, también está previsto que estas acciones de difusión e información se desarrollen durante las próximas semanas en otros municipios y comarcas.
En términos generales, este plan extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España tiene su razón de ser en los efectos negativos para todo el país que conlleva el empleo sumergido o no declarado y por la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad común, así como para las posibilidades de recuperación económica y de logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público. Además, no hay que desdeñar que la lucha contra el fraude implícita en el plan tiene como consecuencia directa la garantía de los mecanismos de protección social de los trabajadores.
El delegado del Gobierno explica que las medidas legislativas urgentes incluidas en el Real Decreto Ley establecen un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores, que abarca desde el pasado 7 de mayo hasta el 31 de julio de 2011. Durante ese período, los empresarios que ocupen trabajadores de forma irregular podrán regularizar su situación solicitando su alta en la Seguridad Social en el Régimen correspondiente sin recibir sanciones. Podrán acogerse a las reducciones y bonificaciones que conlleve el contrato que realicen, incluida la reducción del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social si el contrato es a tiempo parcial del Plan de Choque. Asimismo, podrán aplazar los ingresos de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social.
Transcurrido el plazo del proceso de regularización voluntaria, la norma establece un endurecimiento de las sanciones administrativas relacionadas con las conductas fraudulentas de empleo irregular o sumergido en sus distintas variantes o modalidades.
Complementariamente, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se pondrá en marcha un plan especial de inspecciones para localizar, identificar y sancionar a los posibles infractores.
Por otro lado, también entrarán en vigor a partir del 1 de agosto dos importantes medidas en el control de la economía irregular:
• La primera supone imponer a las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad o cuyos trabajadores presten servicios en la empresa principal de forma continuada, la obligación de comprobar que los trabajadores de las contratas y subcontratas están dados de alta en la Seguridad Social. Si la empresa no realiza esta comprobación se entiende que comete una infracción grave, que está sancionada con multa entre 626 y 6.250 euros. La novedad es que antes no existía esta tipificación de infracción ni la sanción.
• La segunda supone excluir de la posibilidad de contratar con el sector público a las empresas que resulten sancionadas por infracción grave en materia de empleo no declarado.
Con objeto de alcanzar los objetivos de afloramiento perseguidos y de incrementar la conciencia social contra el fraude a la Seguridad Social que supone el empleo irregular, el Plan incluye también la realización de campañas de información y sensibilización pública, como la que se acaba de poner en marcha en Galicia.
Estas medidas pretenden combatir con carácter extraordinario y urgente el fenómeno del empleo irregular como uno de los elementos de la economía sumergida más perjudiciales para la consecución de un crecimiento económico capaz de generar empleo de calidad, competencia empresarial, reequilibrio de las cuentas públicas, protección social de los trabajadores y justicia y solidaridad.