El Ministerio de Igualdad destina 509.600 euros para ampliar la red de acompañamiento a víctimas de violencia de género en Galicia

07/11/2008

El Ministerio de Igualdad destinará 509.600 euros a la puesta en marcha de un proyecto innovador para ampliar la Red del voluntariado de acompañamiento (RODELA) a mujeres víctimas de violencia de género presentado por la Xunta de Galicia.

El proyecto, denominado Extensión de la Red RODELA a asociaciones que desarrollan su actuación en núcleos de 30.000 habitantes, tiene como objetivo la ampliación territorial de dicha red hasta cubrir todo el territorio gallego, así como la creación de la figura del profesional de apoyo.

6,5 millones de euros para 28 proyectos innovadores
El Ministerio de Igualdad ha concedido un total de 28 subvenciones a distintos proyectos innovadores presentados por las comunidades autónomas y ayuntamientos de España. El presupuesto global destinado a estas ayudas ha sido de 6,5 millones de euros, de los cuales 4 millones han sido destinados a los proyectos presentados por comunidades y 2,5 millones de euros para las entidades locales. Las cantidades solicitadas han sido cubiertas al 100%.

En todos los casos se ha valorado especialmente la articulación de una estructura de red claramente definida y estable que garantice la coordinación de los distintos servicios, la racionalización y accesibilidad de los recursos, así como la metodología de intervención de carácter integral, tal y como resalta la Ley Integral contra la Violencia de Género.

“Se trata de colaborar con las comunidades y los ayuntamientos en el desarrollo de políticas de asistencia social integral a mujeres víctimas de violencia que, además, nos permita una mayor y mejor coordinación entre las distintas administraciones involucradas en la lucha contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Estas ayudas, que se convocan por tercer año consecutivo, responden al compromiso recogido en el artículo 19 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, donde se establece el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y la aportación por parte de la Administración General del Estado de recursos financieros destinados a la prestación de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.