Delegación de Gobierno, Diputación de Valencia e Inspección de Trabajo se reúnen para abordar la situación de 187 municipios
03/08/2016
Reunión sobre las inspecciones realizadas a los municipios de 5.000 habitantes
Delegación de Gobierno, Diputación de Valencia e Inspección de Trabajo se reúnen para abordar la situación de 187 municipios
• Inspección de Trabajo afirma que “se intenta proteger los derechos de los trabajadores con la cotización que les corresponde”
• La Diputación seguirá prestando servicio técnico a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes recuerda que estarán al lado de los alcaldes y alcaldesas afectados “hasta el final”
• La Seguridad Social reclama a los consistorios entre 20.000 y 40.000 euros por las cotizaciones de unos técnicos que desempeñan su trabajo como profesionales externos y cotizan como autónomos
• El delegado de Gobierno afirma que “no estamos ante una cuestión política sino ante interpretación jurídica, en ningún caso se plantea una sanción y que las cuotas se abonarán en todo caso con sentencia firme”
Valencia, 3 de agosto de 2016.- El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha mantenido una reunión con el Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la Diputada de Asesoramiento y Asistencia Municipal, Conxa García, así como con los responsables de Inspección de Trabajo para abordar el procedimiento que afecta a 187 municipios valencianos en los que Inspección de Trabajo ha levantado actas.
Los representantes de la Diputación de Valencia han trasladado a Moragues, su “preocupación” y su “malestar” por las inspecciones que la Seguridad Social ha llevado a cabo en los ayuntamientos valencianos de menos de 5.000 habitantes. Los técnicos prestan sus servicios en estos pequeños municipios en virtud de un acuerdo de la Diputación con los colegios profesionales
La reunión forma parte de la “hoja de ruta” diseñada por de la Diputación de Valencia para dar solución a una situación que “está generando mucho malestar entre los ayuntamientos afectados y que podría tener para ellos graves consecuencias económicas y organizativas”, según han señalado desde la Corporación provincial. No en vano, la actuación de la Inspección de Trabajo persigue, de un lado, que los consistorios abonen las cotizaciones de la Seguridad Social de estos técnicos correspondientes a los últimos 4 años, con importes que van desde los 20.000 a los 40.000 euros, y por el otro, que incorporen a estos técnicos a su plantilla de trabajadores, lo que conllevaría un gasto que la mayoría de los municipios no puede afrontar y que además entraría en contradicción con la prohibición legal de contratar que tienen ahora mismo las administraciones locales.
Durante la reunión, Inspección de Trabajo ha subrayado que el objetivo de dicha actuación es “defender los derechos de los trabajadores que deberían estar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con la excepción de los graduados sociales, ante la existencia de indicios claros de que dichos profesionales realizan labores propias de los Ayuntamientos bajo las notas de ajenidad y dependencia, estableciéndose, por tanto, una relación laboral y no actividades por cuenta propia. Además, Inspección se abstiene de iniciará procedimientos sancionadores y recuerda la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la regularización.”
Asimismo, en el encuentro, el Delegado de Gobierno ha transmitido a los representantes de la Diputación Provincial que se reunirá con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para abordar esta situación e intentar encontrar una alternativa. “No estamos ante una cuestión política sino ante una cuestión jurídica ante varias sentencias contradictorias y donde la interpretación final de ley corresponde a los tribunales. Es importante recordar que no se está hablando de sanción sino de regularizar la situación de los trabajadores y el pago de dichas cuotas no se realizará hasta que haya una sentencia firme”.
Entre los argumentos aludidos por la Diputación de Valencia para considerar que la actuación tanto de los consistorios como de la institución provincial ha sido correcta y ajustada a Derecho, figuran precisamente el hecho de que estos técnicos municipales trabajan para los ayuntamientos en virtud de una relación de naturaleza administrativa y formalizada en un contrato mercantil, cotizando como autónomos y facturando por sus servicios. Esto es lo que les permite trabajar simultáneamente para varios consistorios, así como realizar y facturar trabajos complementarios, tales como redacción de proyectos. “De hecho, si formaran parte de la plantilla de los ayuntamientos, como pretende la Inspección de Trabajo, únicamente podrían trabajar para una administración cada vez y no podrían realizar otro tipo de trabajos, ya que incurrirían en incompatibilidad”, ha recordado Conxa García.
Hoja de ruta para los ayuntamientos
Desde la Diputación se ha transmitido a los alcaldes y alcaldesas que “pueden estar tranquilos porque no están cometiendo ninguna irregularidad”. Asimismo, se les ha recordado que no deben pagar todavía ninguna cantidad, pues “esta reclamación no se convertirá en una obligación concreta hasta que no finalice el procedimiento administrativo”, motivo por el cual conviene que presenten las alegaciones correspondientes una vez recibida el acta.
En este sentido, Conxa García ha recordado que la Diputación ha remitido un modelo de alegaciones a todos los ayuntamientos para ser utilizado en este caso y les ha advertido de que estén atentos a la recepción del acta, pues es probable que lleguen en muchos casos en pleno mes de agosto, cuando la mayor parte del personal está de vacaciones, y el plazo para responder es únicamente de 15 días.
A partir de aquí, los siguientes pasos a dar dependerán de cuál sea la respuesta por parte de la Inspección de Trabajo. Tal como ha explicado el jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal, Enrique Moreno, en el caso de que se desestimen las alegaciones, habrá que presentar un recurso administrativo ante la Tesorería de la Seguridad Social y, de ser éste también desestimado, lo que cabría es presentar una demanda judicial ante la jurisdicción competente. “En ambos casos, seguiría siendo la Diputación de Valencia la que centralizara las acciones y proporcionara a los ayuntamientos los correspondientes modelos de reclamación y, en su caso, proporcionara la asistencia jurídica y letrada necesaria de forma completamente gratuita”, ha comentado Moreno.
Podría ocurrir, sin embargo, que la Inspección de Trabajo estimara las alegaciones de los ayuntamientos, ya fuera en su petición de archivar el expediente, lo que daría por finalizado el proceso, o bien la petición alternativa que, motivada en la existencia de dos sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de los años 2009 y 2010 en los que, ante casos idénticos, se daba la razón a los ayuntamientos, se abriera un incidente judicial, lo que, según ha indicado Enrique Moreno, “paralizaría el procedimiento administrativo en tanto en cuanto dicho incidente no se resolviera”.
En cualquier caso, la diputada Conxa García ha insistido en que “estamos ante un proceso largo y complejo pero, a pesar de ello, los ayuntamientos no es necesario que realicen ningún trámite de forma independiente, porque son los servicios jurídicos de la Diputación los que están asumiendo y centralizando todas las gestiones y, en el caso de que finalmente hubiera que iniciar un proceso judicial, también estarían cubiertos”, ha añadido la diputada provincial.
Desde la Diputación de Valencia se reiteró una vez más el mensaje de que la institución provincial estará al lado de los ayuntamientos “hasta el final”, asesorándoles y defendiéndoles y “agotando todas las vías necesarias para evitar que los consistorios tengan que prescindir de estos servicios básicos”.