El Gobierno destina más de 309 millones de euros a la Comunitat Valenciana para políticas activas de empleo

16/04/2011

El Gobierno destina más de 309 millones de euros a la Comunitat Valenciana para políticas activas de empleo

 




•    Ana Botella asegura que frente a la inacción de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España lidera las inversiones en políticas de empleo en la Comunitat


Valencia, 15 de abril de 2011


El Gobierno de España ha destinado más de 309 millones de euros a la Comunitat Valenciana para políticas activas de empleo. Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno, Ana Botella, que ha destacado que frente a la inacción de la Generalitat Valenciana, el Ejecutivo central lidera las inversiones en esta materia en la Comunitat.

Estas subvenciones corresponden a los programas de fomento del empleo y formación profesional para el empleo, así como el programa de modernización de los Servicios Públicos de Empleo, y las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social. En 2010 la Comunitat Valenciana recibió ayudas por cerca de 300 millones de euros y en 2009, el Gobierno destinó más de 280 M€ al mismo fin. Estas cifras suponen un incremento del 6,8% de 2009 a 2010 y un aumento del 3,3% de 2010 a 2011.

El conjunto de programas y medidas que desarrollan las Políticas Activas de Empleo tiene como finalidad mejorar las posibilidades de acceso al trabajo de los parados, la adaptación de la formación y su recalificación para el empleo, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.

Estos programas subvencionados por el Gobierno de España promocionan la iniciativa emprendedora y la actividad económica, el empleo autónomo y la creación de puestos de trabajo en cooperativas y sociedades laborales. También promueven la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitan la formación profesional para el empleo y en algunos casos suponen ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social. Por último, favorecen la modernización de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.