Lenguas cooficiales en España

El artículo 3 de la Constitución Española reconoce que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, a la vez que establece que el castellano o español es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

Por otro lado, este mismo artículo indica que las demás lenguas españolas podrán también ser oficiales en las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Se trata de una previsión constitucional que se ha asumido en el Estatuto del País Vasco, respecto del euskera; en Cataluña, respecto del catalán y del aranés; en Galicia, respecto de gallego; en la Comunidad Valenciana, respecto del valenciano; en Navarra, respecto del euskera en la zona geográfica delimitada en la correspondiente Ley; y en Illes Balears, respecto de catalán.

Para atender esta especial característica española, con una realidad cultural y social en la que un elevado porcentaje de habitantes reside en territorios donde se habla más de una lengua, tanto las Comunidades Autónomas como la Administración general del Estado desarrollan su actividad de acuerdo con las prescripciones de la Constitución. Es decir, fomentando el respeto y protección de la pluralidad lingüística española y garantizando los derechos de sus hablantes, y ello como un elemento generador de riqueza cultural, social y económica.

Para hacer efectiva esta política, la Administración General del Estado cuenta con un órgano de coordinación interministerial, el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, al que se le atribuyen funciones de análisis, impulso y coordinación de la actividad de los diferentes Departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas cooficiales, con el objetivo de lograr el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de distintas lenguas oficiales y de su reconocimiento en la actividad de la Administración General del Estado, y así garantizar la mejor atención a los derechos de los ciudadanos.

En este proceso de promoción y protección, España ha ratificado la Carta Europea de Lenguas Regionales y/o Minoritarias, impulsada en el marco del Consejo de Europa, lo que supone su participación en un proceso de evaluación mediante la aportación de Informes periódicos de seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos con su ratificación.