La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, interviene en la conferencia inaugural "Ciudadanía, Convivencia y Libertades Públicas"en la Jornada "Hacia unas nuevas políticas públicas de integración en la Comunidad de Madrid”
29/10/2009
29 octubre 2009. La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha intervenido, esta mañana, en la Jornada “Hacia nuevas políticas públicas de integración en la Comunidad de Madrid”, dentro de la conferencia inaugural “Ciudadanía, Convivencia y Libertades Públicas” celebrada en la Asamblea de Madrid. Ha estado acompañada por los ex ministros, Jesús Caldera y Matilde Fernández, y la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.
La delegada ha comenzado recordando los últimos datos del INE. En la Comunidad de Madrid residen 1.043.133 personas extranjeras, a enero de 2009, destacando las nacionalidades rumana, ecuatoriana, marroquí y colombiana, por este orden.
El incremento constante de residentes extranjeros con tarjeta de residencia, ha dicho, es fruto de las regularizaciones y de una política de máxima legalidad. Cuatro municipios de los de mayor población superan ya el 20% de población de origen extranjero: Parla, Coslada, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Y más de diez municipios rurales se encuentran en la tasa del 30%, lejos aún de Fresnedillas de la Oliva que, con el 39’7%, ostenta el liderato de esta clasificación.
Valcarce ha asegurado que los trabajadores inmigrantes se concentran en los sectores de mano de obra intensiva, de más baja cualificación, con alta temporalidad y salarios bajos, con una gran presencia en el sector de la construcción y de servicios, aunque también destacan en el sector de hostelería y comercio.
Para la delegada, todos ellos desempeñan un importante papel en nuestra vida social y económica, contribuyendo con su esfuerzo a la consolidación del Estado de bienestar que disfrutamos. Su aportación ha sido decisiva en el crecimiento económico y en el aumento de la renta per cápita de los Amparo Valcarce ha desgranado los objetivos de la política de inmigración del Gobierno de España, que son:
madrileños, equilibrando nuestra pirámide de población y permitiendo la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social, asegurando las pensiones de los mayores.
Pero su contribución, ha añadido la delegada del Gobierno, no debe medirse tan solo en términos económicos, es importante el papel desempeñado en el cuidado de personas mayores, discapacitados y niños, su tarea ha facilitado la incorporación decidida de las mujeres al mercado laboral, permitiendo la conciliación de la vida laboral y personal.
Se ha referido Valcarce a las políticas públicas de inmigración contemporáneas, centradas en la necesidad de responder adecuadamente al reto que supone para los países industrializados la inmigración basada en el mercado de trabajo.
La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 supuso la adopción de una nueva y verdadera política pública de inmigración, con un enfoque integral estructurado en cuatro ejes fundamentales:
- La gestión ordenada de los flujos migratorios
- La lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas
- La integración y plena ciudadanía de quienes aportan su trabajo y esfuerzo a nuestra sociedad.
- La cooperación con los países de origen de los inmigrantes
Dentro de esta línea de actuación, ha recordado la delegada, el Gobierno de España ha planteado la reforma de la Ley 4/2000, tanto por la adaptación de los derechos de los extranjeros en España a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por la necesaria transposición de las directivas comunitarias aprobadas por la Unión Europea. Y en especial para pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración.
El primero, garantizar a los extranjeros el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales, afianzando su reconocimiento, porque la igualdad en el ejercicio de derechos es la base de cualquier democracia.
El segundo, perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios, atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo, ligándolo a contrato de trabajo y alta en seguridad social.
El tercer objetivo es el reforzamiento de la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, a la vez que aseguramos las garantías jurídicas en los procedimientos de las repatriaciones
El cuarto objetivo consiste en favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes, asumiendo los principios del Pacto europeo de inmigración y asilo de la UE.
El quinto objetivo potencia las competencias de todas las administraciones públicas en materia de inmigración, reforzando los mecanismos de cooperación.
El Gobierno de España apuesta por crear un escenario de convivencia mutua, profundizando en los valores de libertad, justicia y democracia.
Se ha referido la delegada al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración como un marco en el que puedan abordarse todos los fenómenos que se generan en el contexto de la inmigración y la integración. Fue fruto de un amplio consenso social al contar con el concurso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con las asociaciones de inmigrantes y las ONGs, así como con los agentes sociales en el marco del diálogo social.
Amparo Valcarce ha anunciado que el Gobierno de España, para el próximo 2010, dedicará al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 323 millones de euros para financiar medidas relacionadas con la evolución del mercado de trabajo en el colectivo inmigrante y las destinadas a poner en marcha actuaciones cofianciadas con los nuevos fondos comunitarios del programa general “Solidaridad y gestión de los Garantizar la integración de los inmigrantes en términos realistas exige respetar las diferencias y asumir las obligaciones sociales y políticas generales que se exigen a los españoles.
flujos migratorios”, especialmente el Fondo Europeo de Integración.
Pero la mayor parte de estos recursos públicos, distribuidos por el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo creado por el Gobierno en 2005, sirven para reforzar la actuación de comunidades autónomas y ayuntamientos, con los que realizan proyectos sociales relacionados con la integración y refuerzo educativo de los inmigrantes.
La delegada ha subrayado que en la Comunidad de Madrid se cofinancian por un importe de 42 millones euros, en 2009, actuaciones de acogida e integración de inmigrantes así como de refuerzo educativo, aportando el Ministerio de Trabajo e Inmigración 28 millones de euros y la administración autonómica 13 millones.
También ha destacado el compromiso asumido por la Comunidad de Madrid de derivar como mínimo el 40% de la asignación estatal a las entidades locales con una mayor presión migratoria.
Valcarce ha terminado diciendo que la gestión de la diversidad cultural es un reto, pero hoy la actual percepción de los madrileños es muy positiva, no la consideran una de sus grandes preocupaciones, la inmigración no es un problema, queda relegada a la undécima posición muy por detrás de los atascos y las obras que se realizan en la ciudad. Y conforme al Barómetro Regional de la Inmigración, más del 80% de los residentes extranjeros afirma sentirse muy integrado y uno de cada cuatro españoles tiene a inmigrantes entre sus amigos más cercanos.
Para seguir con nuestro desarrollo y bienestar necesitamos a las personas que aportan su esfuerzo, su talento y su trabajo en situación de igualdad, con derechos y obligaciones, compartiendo un proyecto colectivo de país.