Andalucía implanta 62 medidas de las 92 incluidas en el marco de la CORA, con un cumplimiento del 67,39%
28/04/2016
El cumplimiento de la Reforma de la Administración persigue “la mejora, simplificación y optimización del funcionamiento de las administraciones públicas”
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha informado hoy de que de las 92 medidas del Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) y a fecha de febrero del presente año, la Junta de Andalucía “ha aceptado o han sido aprobadas por normativa un total de 62”, lo que supone “una ejecución del 67,39 por ciento de esta iniciativa implantada por el Estado en 2012 y dirigida a la mejora, simplificación y optimización del funcionamiento de las administraciones públicas", ha destacado.
Asimismo, la Administración andaluza, y a fecha de febrero del presente año, ha rechazado expresamente 26 medidas, es decir, el 28,26%, y está pendiente de comunicar su adhesión o pendiente de suscribir el convenio correspondiente en otras cuatro (1,09%), según ha precisado el delegado, que hoy ha presidido en la subdelegación del Gobierno en Sevilla una jornada de trabajo sobre la implementación del plan de reformas impulsado por el Gobierno de España a través de la Comisión de Reforma de las Administraciones (CORA).
Ahorro de 30.000 millones
Antonio Sanz ha informado igualmente de que, a nivel estatal, de las 222 medidas incluidas en la Comisión de la Reforma de la Administración (CORA), un total de 193 se han cumplido ya, es decir, un 87%, “permitiendo un ahorro de 30.495 millones de euros al conjunto de los contribuyentes españoles".
Asimismo, ha precisado que en el conjunto de las administraciones públicas se han suprimido un total de 2.348 entes durante la pasada legislatura.
En este sentido, ha afirmado que uno de los compromisos del Gobierno de España en la pasada legislatura era la reforma estructural de las Administraciones Públicas y, a fecha de febrero de 2016, “es un compromiso cumplido, con la implantación del 87% de las medidas aprobadas en 2012”.
El delegado ha destacado que esta “gran reforma “ejecutada por Gobierno de España ha permitido “corregir las ineficiencias, duplicidades y gastos innecesarios de las administraciones públicas, logrando “un ahorro importante a los ciudadanos, además de dar mejores servicios a la sociedad poniendo las administraciones a su servicio y ofrecer mayor transparencia”.
Reformas en Andalucía
En cuanto a las 26 medidas rechazadas por la Junta de Andalucía, de las 92 que les afectan, Antonio Sanz ha explicado que entre éstas está, por ejemplo, la Racionalización de los Defensores del Pueblo (y similares); la Racionalización de los Órganos de Control Externo (OCEX); la Propuesta de integración de las Oficinas en el exterior de las CC.AA. en las oficinas administrativas del Estado en el Exterior y la mejora de la coordinación con las Comunidades Autónomas en materia de cooperación para el desarrollo mediante firma de convenio específico de Fondo Humanitario entre el MAEC y las Comunidades Autónomas, entre otras.
Respecto al ámbito educativo, las medidas rechazadas por la Junta de Andalucía son: compartir la Plataforma de Gestión de Centros Educativos; lograr la conectividad entre las Evaluaciones; unificar el sistema de gestión de becas generales; supresión de duplicidades en ficheros y Registros Públicos de Universidades, Centros y Títulos; y traspaso pendiente de profesores de religión de educación infantil y primaria a las CC.AA. de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria.
En el ámbito deportivo, las medidas no implantadas son la creación de una Asociación Nacional de Deporte Universitario con personalidad jurídica propia y la licencia deportiva única.
En cuanto a las iniciativas no aceptadas referentes a Empleo está la elaboración y puesta en marcha de un Acuerdo Marco en el Sistema Nacional de Empleo, para el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y todos los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, que reduzca todos los procedimientos de contratación en uno solo; realización coordinada de los trámites de inscripción de la demanda de empleo y de solicitud de prestación por desempleo; coordinación de las actuaciones en materia de Formación Profesional (FP) realizadas por las Administraciones educativas y laborales de ámbito estatal y autonómico; Racionalización de los Observatorios de empleo, mercado de trabajo y relaciones laborales.
Por otra parte, en materia de mayores y servicios sociales, la Administración andaluza ha rechazado reconocer al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), como entidad de referencia nacional de evaluación de los servicios sociales.
Otras medidas no ejecutadas por la Junta de Andalucía son: Propuesta de traspasar a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) las funciones de defensa de la competencia desarrolladas por las CC.AA. en virtud de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia; eliminación de la autorización previa de las actividades de formación deportiva, promovidas por las Federaciones deportivas españolas o autonómicas; y simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos relacionados con la gestión del Dominio Público Hidráulico.
Asimismo, Andalucía está pendiente de comunicar su adhesión o pendiente de suscribir el convenio correspondiente a otras cuatro medidas, que son: a continuación: propuesta de generalización de la adhesión de Comunidades Autónomas a la Central de Contratación del Estado; definición de una política común de integración de los inmigrantes; revisión de la normativa en materia de permisos de trabajo y residencia; y facilitar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de la AGE por parte de las CC. AA. para la inspección de aspectos técnicos de materia audiovisual en los que éstas tengan competencias.