La secretaria de Estado de Justicia preside la entrega de condecoraciones de San Raimundo de Peñafort
27/04/2016
Los condecorados son Francisco López Menudo, Joaquín Maroto Márquez, José Ramón Barrera Hurtado, Gloria Cobos Amo y Pilar Sanz Nicolás
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha entregado esta tarde, en el patio central de la Delegación del Gobierno en Andalucía, diversas condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a profesionales de la Justicia. A este acto también han asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero.
Los condecorados en esta ocasión han sido Francisco López Menudo, catedrático emérito de Derecho Administrativo; Joaquín Maroto Márquez, juez de la Audiencia Provincial de Sevilla y profesor de la Universidad Pablo de Olavide; José Ramón Barrera Hurtado, abogado especializado en derecho social y laboral; Gloria Cobos Amo, letrada de la Administración de Justicia, con destino último en el juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Sevilla, ya jubilada; y Pilar Sanz Nicolás, doctora en Ciencias Biológicas, que ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la actualidad también jubilada.
Condecorados
Francisco López Menudo, catedrático emérito, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla en 2015, y de Derecho Administrativo, desde 1987, ha ejercido la docencia en las universidades de Córdoba y Sevilla, con seis quinquenios consecutivos.
Por su trayectoria investigadora, reconocida por la Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) y la autonómica (UCUA) con seis sexenios consecutivos, recibió en 2015 el premio FAMA de la Universidad de Sevilla. Este reconocimiento se suma a otros tantos que han distinguido su trabajo como docente e investigador, como el Premio Centro de Estudios Constitucionales a la mejor tesis doctoral leída en Universidades Españolas y el Premio Extraordinario de Doctorado de la US por la tesis “El principio de irretroactividad en las normas jurídico-administrativas”.
Es miembro de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, y de su junta directiva, y actualmente dirige la Revista Andaluza de Administración Pública y la colección “Instituto García Oviedo” de la Editorial Universidad de Sevilla. También forma parte de distintos consejos asesores de revistas especializadas en derecho constitucional y administrativo y ha sido presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Andalucía.
Joaquín Maroto Márquez, juez de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha ocupado distintos puestos desde su ingreso en la carrera judicial en 1986. Ha servido como juez en Puerto Real, Lora del Río (Sevilla), San Fernando y El Puerto de Santa María (Cádiz) y Carmona (Sevilla).
Desde 1989 ha ocupado destinos como magistrado en Ibiza, Madrid y Sevilla, en el juzgado de lo Penal y en el juzgado de Primera Instancia en esta ciudad. En comisión de servicio ha ejercido como magistrado en los juzgados de Sanlúcar, Alcalá de Guadaira, en distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid y, desde 2000, en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Maroto Márquez compagina su actividad profesional con la docencia, en concreto en la Universidad Pablo de Olavide, donde imparte clases de Derecho Romano.
José Ramón Barrera Hurtado, abogado especializado en derecho social y laboral, ha desarrollado una intensa actividad profesional desde su diplomatura, en 1986, como Graduado Social. En 2011 se licenció en Derecho y ha ejercido como abogado.
Ha sido coordinador territorial en Sevilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), donde ha impartido distintos módulos formativos de seguridad e higiene en el trabajo, y en el Colegio de Graduados Sociales ha ocupado varios cargos de responsabilidad, tanto en el consejo andaluz como en el Colegio Oficial de Sevilla.
Distintos reconocimientos avalan su valía profesional, entre los que destacan la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; las Medallas al Mérito Profesional, en sus categorías de Bronce y Plata, del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla; y el título de colegiado de honor de esta entidad.
Gloria Cobos Amo, letrada de la Administración de Justicia, con destino último en el juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Sevilla, ya jubilada, ingresó en el cuerpo de secretarios de la Administración de Justicia en 1981.
Desde entonces, ha ocupado destinos en Écija, en el juzgado de distrito, y en Sevilla, en el juzgado de distrito número 6 y en el de primera instancia número 14.
Fruto de su experiencia profesional, Gloria Cobos ha impartido numerosos cursos sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pilar Sanz Nicolás, doctora en Ciencias Biológicas, en la actualidad también jubilada, ha ocupado puestos de responsabilidad en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, como la jefatura del servicio de Biología y la dirección del departamento de Sevilla.
Es miembro fundador de la Asociación Española de Toxicología, donde también ha sido secretaria general; de la International Society of Forensic Genetics (ISFG); y de la Sociedad Española de Genética Humana.
En cuanto a su actividad investigadora, tiene publicados numerosos artículos en revistas científicas, actas de congresos y libros sobre sobre toxicología y biología forense.
Historia de San Raimundo de Peñafort
En 1944, con Eduardo Aunós como ministro de Justicia, se publica en el Boletín Oficial del Estado, de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese mismo año (festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas), por el que se crea la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar el mérito a la Justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho, poniéndola bajo la advocación del que fuera eximio español y príncipe de los canonistas, San Raimundo de Peñafort.
Las Cruces se otorgan para premiar los servicios prestados y la contribución al desarrollo y perfeccionamiento del Derecho y la Jurisprudencia.
Las Medallas premian los años de servicio prestados en las profesiones jurídicas y administrativas dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia. Su concesión y uso son compatibles con el otorgamiento de cualquiera de las otras clases de esta condecoración.