Operación de la Policía Nacional contra gestorías y locutorios vizcaínos que acaparaban "citas previas" para tramites de extranjería
19/11/2021
- Los investigadores estiman que han podido lucrarse de más de 1.200 ciudadanos que se vieron obligados a contratar sus servicios y provocar perjuicios a otras 10.000 personas que pretendían realizar trámites en dependencias policiales
- A cambio de una contraprestación económica que podía oscilar entre los 30 y 50 euros, los ciudadanos se veían obligados a requerir sus servicios para conseguir una cita que es gratuita
- Las multas a las que se enfrentan pueden llegar a los 40.000 euros
Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao han procedido, en una operación desarrollada a lo largo de este año y dividida en dos fases, a la realización de diversas inspecciones en locutorios y gestorías vizcaínas que, presuntamente, saturaban la plataforma informática habilitada con el fin de que los ciudadanos extranjeros que desean realizar trámites documentales, como la expedición o renovación de sus documentos, solicitudes de asilo, o cartas de invitación, puedan obtener cita previa, haciéndoles padecer graves dificultades para efectuar cualquiera de estas gestiones.
La investigación se inició cuando los agentes descubrieron que la causa de la saturación en el sistema de obtención de "cita previa" se debía a las prácticas ilegítimas de algunos establecimientos abiertos al público, cómo despachos profesionales y locutorios.
El modus operandi consistía en la utilización de personas que se dedicaban, las 24 horas del día y mediante una aplicación informática, a acaparar casi todas las citas que el sistema informático ofrecía para la realización en dependencias policiales de trámites de extranjería. De esta forma, y a cambio de una contraprestación económica que podía oscilar entre los 30 y 50 euros, los ciudadanos se veían obligados a requerir sus servicios para conseguir una cita que es gratuita.
En base a las pruebas recopiladas por los investigadores, en el mes de mayo se efectuó la primera fase de la operación, realizándose registros junto a funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia en cinco locutorios y gestorías de esta provincia, que se saldaron con la intervención de numerosa y valiosa documentación para la investigación como manuscritos, copias de documentación con datos de carácter personal, resguardos de citas previas para números de identidad de extranjeros (NIE), etc.
Con este hallazgo, los agentes averiguaron que las víctimas de esta práctica no sólo se habían visto obligadas a abonar una suma de dinero que para muchos era muy elevada, teniendo en cuenta su delicada situación económica y personal, sino que habían tenido que ceder datos personales como copias de su documentación identificativa ya que las citas son nominales y no cabe la personación en las oficinas policiales con justificantes que no corresponden con la persona que vaya a realizar el trámite solicitado.
En este sentido, también descubrieron que las cesiones de datos personales se realizaban sin ninguna garantía de identificación del responsable del tratamiento de los mismos y sin informar ni obtener el consentimiento de los usuarios, tal y como establece la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que los investigadores dieron cuenta a la Agencia Española de Protección de Datos y propusieron para sanción de hasta 40.000 euros a cada uno de los cuatro establecimientos donde se descubrieron estas prácticas.
Después de las primeras inspecciones, los investigadores observaron que el sistema de cita previa para trámites de extranjería se había aliviado. Sin embargo, transcurridos unos meses detectaron que se había vuelto a saturar por lo que en los meses de agosto y septiembre se volvieron a efectuar una segunda fase de esta operación, que se saldó con inspecciones en cuatro locutorios de Bilbao y el hallazgo, igual que en la primera fase, de diversa documentación de carácter personal en el interior de estos locales, siendo también propuestos para sanción de hasta 40.000 euros al vulnerar la citada Ley de Protección de Datos Personales.
Finalmente, y por la documentación intervenida, los agentes estiman que con estas prácticas ilegítimas se han podido ver afectadas más 1.200 personas que finalmente recurrieron a establecimientos de este tipo para la obtención de una cita que, debido al colapso causado por estos, les era imposible obtener, y provocar perjuicios a 10.000 personas que pretendían realizar trámites de extranjería en dependencias policiales.