Maica Larriba recuerda que la administración del Estado está obligada por Ley a admitir a trámite todos los expedientes relativos a energías renovables pero que “tramitar no significa autorizar”

Reunión entre la subdelegada del Gobierno y el alcalde de Lalín

26/01/2022

La subdelegada destaca que el Gobierno aplica una de las normativas ambientales más restrictivas de Europa frente el impacto de los parques eólicos


Pontevedra, 26 de enero de 2022.- La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, acompañada del jefe de Industria de la Subdelegación, Pablo de Castro, se reunió esta mañana con el alcalde de Lalín, José Crespo, para abordar diferentes cuestiones relativas a los parques eólicos de tramitación estatal que afectan al municipio dezano. En el transcurso del encuentro la subdelegada hizo hincapié en que la administración del Estado, al igual que la autonómica y la local, está obligada por Ley a admitir a trámite cualquier expediente de su ámbito competencial, como en este caso son los de energía eólica de gestión ministerial que se promueven por todo el territorio.

“Que se dé trámite a los proyectos no quiere decir que se les otorgue autorización”, aclaró la subdelegada, al tiempo que recordó que “la legislación de evaluación ambiental de España es una de las más restrictivas de Europa para las energías renovables y contempla mecanismos de garantía para frenar aquellos proyectos que se encuentren en zonas con un mayor impacto para el medio ambiente y el territorio”. Maica Larriba subrayó que “el Estado no puede descartar proyectos “porque sí” tiene que hacerlo de manera motivada, siguiendo unos trámites y contando con expedientes completos”.

Así, la subdelegada del Gobierno incidió en que “el Gobierno de España no tiene ninguna intención de generar incertidumbre ni de hacerle gastar el dinero a los Ayuntamientos, pero está obligado por Ley a completar la evaluación ambiental de cada parque aunque de antemano se sepa que tiene pocas posibilidades de prosperar”. “Esto fue lo que aconteció con las iniciativas de Green Capital en Lalín”, explicó, “donde la escasa madurez de los proyectos propició que la empresa promotora solicitase su retirada en el plazo otorgado por el Gobierno a cambio de recibir el aval económico depositado en el inicio del proceso”.

Maica Larriba insistió durante la reunión con el alcalde de Lalín en que la declaración de impacto ambiental es un proceso garantista cuya resolución corresponde a las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Energía dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En este complejo y minucioso procedimiento participan también los Ayuntamientos y la Xunta de Galicia, a quién dentro de sus competencias se le tienen requerido informes sectoriales de ámbitos como Augas de Galicia, Medio Ambiente, Patrimonio, etc.

El alcalde de Lalín abogó por establecer un entente cordial entre Xunta, Gobierno y Ayuntamientos con el objeto de favorecer una mejor coordinación interadministrativa en un momento en el que existe una gran demanda para promover proyectos de energía renovable. La subdelegada del Gobierno se comprometió a dar traslado de esta demanda al Ministerio y apeló a la necesidad de favorecer una relación más activa entre administraciones y ciudadanía en este escenario de auge de la implantación de energías renovables en zonas rurales.

Por otro lado, Maica Larriba y Crespo Iglesias coincidieron en que el actual proceso de descarbonización y transición ecológica hace necesario que se incremente la producción de energía limpia, de modo que instaron a trabajar de manera transversal entre administraciones para potenciar la energía eólica.